En plena crisis sanitaria, acentuada por la crisis ambiental, el Gobierno federal decidió parar 44 proyectos de energía limpia listos o en proceso por lo que, en los hechos, México incumplirá el Acuerdo de París respecto a disminuir las emisiones contaminantes. Además, casi 30 mil empleos formales bien pagados están en riesgo, acusan asociaciones que ya preparan amparos para las próximas semanas.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Sin justificación jurídica ni técnica, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) paró en seco 44 proyectos privados listos y en construcción para la generación de energía eólica y solar ubicados en 18 estados para darle prioridad durante la pandemia a las públicas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), que usan fósiles contaminantes, por lo que en plena crisis sanitaria y económica el Gobierno federal pone en riesgo a 29 mil 517 empleos formales ya creados y las tarifas de luz podrían elevarse, alertaron asociaciones privadas y organizaciones civiles.
«Están en riesgo los empleos porque si la medida se prolonga [el Acuerdo no aclara el tiempo de suspensión], lo más probable es que todos los procesos asociados a los proyectos tengan que parar. Al mantener a toda esa gente sin actividad se tomaría la medida más drástica de parar los proyectos por tiempo indefinido», dijo Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
«Son empleos conformados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es decir, pagados por encima del mínimo y con las prestaciones de Ley. La industria renovable en términos de salarios está ligeramente por encima del sector petrolero, porque es gente técnica y especializada», detalló.
La decisión gubernamental afecta a 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas por 3,031 MW que estaban listas para entrar en operación, principalmente en Sonora y Coahuila, con una inversión de 3 mil 604 millones de dólares, las cuales generan 16 mil 200 empleos, dieron a conocer ambas asociaciones.
También frena 18 proyectos por 2,306 MW en construcción, sobre todo en Yucatán y Sonora, respaldados por 2 mil 281 millones de dólares de inversión directa que generan 13 mil 317 empleos.
«Las empresas ya están analizando sus estrategias jurídicas para proceder con las vías de los amparos. Se presentarán ante los juzgados en una a dos semanas para cumplir con los tiempos límites», informó Valle, quien explicó que dada la pausa en el Poder Judicial deben justificar la relevancia de sus recursos jurídicos para que sean aceptados.
AUMENTO DE TARIFAS DE LUZ
Ante los reclamos de la iniciativa privada, incluyendo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el Acuerdo argumentando que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) merece un “trato justo”, ya que «en el periodo neoliberal les entregaron el mercado o parte del mercado de la energía eléctrica. Nos engañaron de que nos íbamos a quedar sin luz si no se abría el mercado a particulares”.
Pero el vocero de Asolmex y Amdee Julio Valle expuso que el abastecimiento de energía a México está garantizado por una complementariedad entre el sector público y el privado.
«Uno solo no es suficiente para cubrir todas las necesidades del país. Ni Pemex puede solo, ni CFE puede sola, ni la energía solar puede sola, ni la energía eólica puede sola, por eso se sostiene a partir de sistemas energéticos compuestos por diversos actores que se complementan», afirmó. «No estamos de acuerdo en que la autoridad se pronuncie a favor de un solo participante del mercado porque viola la equidad en el trato y el piso parejo para participar en el mercado».
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE ) ya lo ha dicho y requirió reconsiderar el Acuerdo. El jueves le advirtió a la Secretaría de Energía (Sener) que las disposiciones podrían ser contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia, generan un incremento en los precios de la electricidad (las centrales renovables tienen menos costos que las fósiles) y en los subsidios que el Gobierno Federal otorga a las tarifas eléctricas, todo lo anterior en perjuicio de los consumidores y de las empresas mexicanas.
«Desplazar, incluso temporalmente, a los generadores más eficientes (los renovables) sin que dicha medida esté técnicamente justificada en criterios estrictamente relacionados con la inestabilidad del sistema, puede provocar, de forma injustificada, mayores costos de generación, lo que podría implicar incrementos a las tarifas eléctricas o, en su caso, un aumento en los subsidios del Gobierno Federal en un contexto de restricción presupuestal», alertó la COFECE.
Además, en el país más del 30 por ciento de los hogares sufre algún tipo de pobreza energética, por lo que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso, manifestó en un comunicado el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.
«Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. Además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía», resaltaron las organizaciones adscritas al Observatorio respecto al acuerdo de CENACE lanzado a finales de abril.
Tanto Asolmex y Amdee como las organizaciones civiles concuerdan con que los proyectos eólicos y solares deben instalarse respetando el derecho de las comunidades indígenas a una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como requieren los tratados internacionales y garantizan a largo plazo la inversión, por lo que requieren un marco regulatorio claro.
«Estamos muy conscientes en que hay lagunas en el marco legal que deben aclararse. Nosotros confiamos en los procesos que se llevan a cabo a través del Poder Judicial y del Ejecutivo para dar validez tanto a comunidades como inversionistas», dijo el vocero de las asociaciones. «Las empresas tienen la voluntad de hacer las cosas bien y hay exigencias de parte de accionistas, bancos e instituciones involucradas para cumplir por los acuerdos».
ADIÓS AL ACUERDO DE PARÍS
El reciente Acuerdo emitido por el CENACE, al parar las centrales de energía limpia, abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del Sistema Eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero, ya que por la contaminación por material particulado en México murieron al menos 36 mil personas, acusó el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.
Por ende, las políticas de la Secretaría de Energía –esta y otras como la cancelación de las subastas y el ajuste a certificados de energías limpias– harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París, lo que le provocará reprobación internacional y posibles litigios climáticos, sentenció.
«De por sí no estábamos llegando a la meta de reducción de emisiones. Y con este tipo de medidas vamos en sentido regresivo; vamos a seguir generando emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual se va incrementar el cambio climático. Se ha señalado de manera reiterada que somos un país vulnerable ante sus efectos por la parte de litoral que tenemos [aumento al nivel del mar en costas], por lo que nos estamos dando un balazo en el pie», dijo Anaid Velasco, investigadora de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las integrantes del Observatorio, junto con Greenpeace y WWF, entre otras.
De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017 la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5 por ciento y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6 y 43.2 por ciento respectivamente en esa década.
«En este afán del discurso de fortalecer la soberanía energética, lo que ha hecho el Gobierno es alejarse de una trayectoria que ya se había iniciado para reducir las emisiones. El fortalecimiento de la CFE y de Pemex va en sentido opuesto a la tendencia mundial de energías renovables. No es una buena señal. Sería diferente si se invirtiera en CFE para generar energía limpia, pero se está llendo por la generación a partir de fósiles», lamentó Velasco.
A este ritmo, y pese a su alto potencial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados.
